El Gobierno continúa amenazando e insultando sistemáticamente a la prensa y a los periodistas. En su programa de radio y televisión de los sábados, el Primer Mandatario constantemente describe un escenario según el cual el causante de casi todos los males del país es el periodismo.
La actitud general del régimen hacia la prensa fue resumida por el mismo presidente Correa, que en declaraciones al diario estatal El Telégrafo dijo: “Muy pocos gobiernos han tenido una oposición tan cavernaria y sanguinaria como la nuestra. Lo que pasa es que no se expresa en partidos políticos… pero se valen de la prensa”.
Este clima de hostilidad se ha trasladado a otros sectores; de manera particular, el nuevo organismo legislativo, más conocido como “congresillo”, que ha restringido considerablemente el ingreso de periodistas.
Paralelamente, el gobierno ha ido consolidando un bloque de medios controlados por el Estado que hasta el momento incluye tres canales de televisión de señal abierta en UHF (de un total de seis), uno en VHF y uno más de cable, además de un diario nacional y varias estaciones de radio.
Conforme con el Régimen de Transición de la nueva constitución, se creó la comisión auditora de las concesiones de las frecuencias de radio y TV y se espera que para finales de mayo dicha comisión cumpla con revisar los contratos de concesión realizados desde 1995.
Al momento de preparar este informe había dos periodistas en prisión acusados de injurias calumniosas: Freddy Aponte, periodista de radio Luz y Vida, sentenciado a seis meses de prisión y Milton Nelson Chacaguasay, director y propietario del semanario La Verdad, condenado a 10 meses de prisión.

Los hechos cronológicos:

El 12 de septiembre, el camarógrafo del canal Telesistema, Eduardo Molina, es agredido al cubrir un enfrentamiento entre simpatizantes del No y el Sí en el referéndum. Un simpatizante del Sí intenta arrebatarle su cámara.
El 7 de octubre, el camarógrafo de Telesistema, Eduardo Molina, es agredido cuando cubría el enfrentamiento entre estudiantes del Colegio Aguirre Abad y la Policía, en Guayaquil.
Ese mismo día, la AGD informa que 264 bienes incautados meses atrás pasan a manos estatales una vez que se ratificó que pertenecieron a los hermanos Isaías, ex accionistas del Filanbanco. La lista incluye a TC Televisión, TV Cable, las radios Super K 800 y Carrusel, así como el paquete accionario de Cable Visión. La intención, se dice, es venderlos tan pronto sea posible.
El 17 de noviembre, la AGD anunció que GamaTv, ex propiedad del grupo Isaías, también pasa a manos del Estado.
El 15 de octubre, la periodista del diario Expreso, Daisy Pico, denunció haber sido amenazada, desde mayo de 2008, por Mauricio Montesdeoca Martinetti, alias “El Justiciero”, acusado de sicariato en Manabí.
Ese mismo día, el camarógrafo del canal Telesistema, Germán Vera, fue golpeado por un grupo de personas mientras cubría el enfrentamiento entre invasores de tierra en la Hacienda Mercedes, cerca de Guayaquil.
El 22 de octubre, se instala la Comisión Legislativa y de Fiscalización y se informa que los reporteros no tendrán acceso a las oficinas de la Secretaría General, la Presidencia y los salones de pisos superiores de dicha institución.
El 28 de octubre, en una entrevista radial, la entonces ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), María de los Ángeles Duarte, informa que Playcem Internacional, contratista del programa oficial de viviendas, prepara una demanda contra el diario El Universo por sus denuncias sobre casas mal construidas.
El 13 de noviembre, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, ejecuta la orden de clausura, emitida por el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones (Conartel), de Radio Ritmo de Santa Elena por haber incitado a la población a participar en manifestaciones a favor de convertir al cantón de Santa Elena en una nueva provincia del Ecuador.
El 14 de noviembre, el Servicio de Rentas Internas (SRI) clausura por siete días a Canal Uno supuestamente por no proporcionar información tributaria. La orden sólo rige para las oficinas del canal en la provincia de Pichincha.
El 15 de noviembre, Milton Nelson Chacaguasay Flores, director y propietario del semanario La Verdad, de la provincia de El Oro, es condenado a diez meses de prisión por supuestas injurias calumniosas contra el Juez I de lo Civil, Silvio Castillo. Chacaguasay argumenta que él no fue el autor de la publicación por la cual se lo acusa ya que se trató de un espacio pagado por terceros.
El 18 de noviembre, oficiales de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) anuncian su intención de demandar al actor cómico David Reinoso por su caracterización del personaje “Buitrón”, una parodia de los gendarmes corruptos de la institución. La demanda no se concreta.
En esa misma fecha, el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones (CONARTEL) prohíbe la difusión de imágenes de corridas de toros por radio y televisión.
El 20 de noviembre, el Conartel censura la emisión del talk show “José Luis Sin Censura” que se transmite por Canal Uno.
Ese mismo día, durante la comparecencia ante la Comisión Legislativa y de Fiscalización del presidente del directorio del Banco Central Carlos Vallejo, la escolta legislativa intenta limitar el ingreso de la prensa y se produce un roce con los periodistas,
El 21 de noviembre, se integra la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión que revisará la legalidad de las concesiones otorgadas entre 1995 y el 2008.
El 22 de noviembre, Marlon Torres, corresponsal de Radio Sucumbíos, es maltratado por la gobernadora Nancy Morocho cuando el periodista intentaba grabar un altercado en una reunión política. Los asistentes a la reunión evitan que el periodista sea expulsado del lugar.
El 25 de noviembre, los administradores estatales del canal Gamatv, incautado por el Estado, resuelven no transmitir el programa de humor político Buenos Muchachos conducido por Francisco Pinoargotti.
En esa misma fecha, Freddy Aponte Aponte, periodista de radio Luz y Vida, de la ciudad de Loja, recibe la notificación de un segundo juicio penal en su contra por supuestas injurias calumniosas iniciado por el ex alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. Aponte había sido sentenciado previamente, el 25 de septiembre, a seis meses de prisión por haber acusado de “ladrón” al ex alcalde.
El 27 de noviembre, Javier Molina, ex conductor del programa ‘Sobremesas de entorno’, que se transmitía en el canal CN3, incautado por el Estado, denuncia que su espacio salió del aire.
El 1 de diciembre, el canal Cablenoticias, bajo control estatal, cierra de modo definitivo el programa Mano a Mano que conducía Francisco Pinoargotti.
El 2 de diciembre, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, afirma que los periodistas “van de pueblo en pueblo pagándole a la gente para que se queje por los daños en sus casas” para desmerecer las denuncias en contra del programa de vivienda popular que impulsa el régimen. La ministra nunca especificó nombres o medios al que pertenecían los supuestos periodistas.
El 3 de diciembre, Ricardo Antón, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), increpa al artista Betto Villacís por su pintura Carvux Corax que se exhibe en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El óleo muestra a un buitre con cuerpo humano que viste el uniforme de la institución. Al día siguiente el vicerrector de ese centro de educación superior ordena que se retire la pintura.
El 8 de diciembre, la ministra de Finanzas María Elsa Viteri advierte con acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido información sobre una emisión de bonos en el mercado doméstico.
El 12 de diciembre, el SRI clausura provisionalmente las oficinas de radio CRE por supuesto incumplimiento en el pago de impuestos.
El 16 de diciembre, el Conartel prohíbe a las estaciones de radio y televisión que transmitan publicidad y programas relacionados con mentalistas y parapsicólogos.
El 17 de diciembre, el Gobierno interrumpe la señal del programa Contacto Directo que conduce Carlos Vera en el canal Ecuavisa para transmitir un video que pretende desmentir que la ministra de Vivienda hubiese acusado a los periodistas de pagar a la gente para que la desacrediten. Al día siguiente se vuelve a interrumpir el programa. Vera denuncia que el Estado sólo tiene atribuciones para ordenar cadenas informativas pero no para intervenir en un canal privado.
El 23 de diciembre, el periodista Benjamín Córdova, de Radio Musical, es desalojado de la sede del movimiento de gobierno Alianza País en la provincia de Orellana por uno de los directivos de ese partido cuando se disponía a entrevistar a una funcionaria pública.
El 24 de diciembre, el periodista de Radio Sucumbíos, Marlon Torres, abandona la provincia de Sucumbíos ante amenazas de muerte. Torres dice desconocer a los autores. Las amenazas se iniciaron el 9 de noviembre, luego del asesinato de Juan Bravo, presidente de la Junta Cívica del cantón. El 22 de diciembre Torres fue perseguido por dos sujetos en una moto durante casi siete kilómetros.
El 30 de diciembre, Paul Gallie, gerente de la empresa Terminales Internacionales de Ecuador (Tide), concesionaria del puerto de Manta, ratifica por escrito la prohibición de ingresar a esas instalaciones a Nancy Gioconda Vélez Álava, del canal Mantavisión, porque supuestamente agredió verbalmente a un guardia de la empresa el 28 de agosto. La periodista lo niega. Gallie informa que la prohibición será levantada sólo cuando la periodista se excuse por su comportamiento.
El 3 de enero, el presidente Rafael Correa pide públicamente al diario El Universo que le informe si desea o no que la publicidad oficial se paute en ese medio. A los pocos días El Universo aclara que en realidad el régimen ya ha retirado paulatinamente los avisos del Estado.
El 7 de enero, Cléber Barahona, conductor del programa Informativo Mundo, en Radio Mía, provincia de Pastaza, es intimidado por una turba de simpatizantes del alcalde del cantón Pastaza, Oscar Ledesma, en medio de una entrevista al burgomaestre en la estación radial.
El 8 de enero, Comuneros del sector de Pueblo Nuevo, en la vía a Molleturo, retienen por un par de horas al equipo periodístico del diario El Universo que cubría la protesta indígena contra la Ley Minera.
El 10 de enero, el presidente Correa denunció que el diario El Universo pertenece a empresas extranjeras, lo que está permitido por la ley ecuatoriana y que de lo cual siempre estuvieron en conocimiento las respectivas autoridades de control. El Primer Mandatario también acusa al director de ese medio de pagar una cifra muy reducida por concepto de impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas no ha cuestionado nunca las declaraciones de impuesto a la renta de dicho funcionario.
El 12 de enero, un grupo de reclusas de la cárcel de Guayaquil arremete contra varios reporteros que intentaban conseguir declaraciones de jóvenes detenidas en esa prisión.
El 17 de enero, el Primer Mandatario acusa a la presentadora de televisión María Josefa Coronel, del canal Teleamazonas de ser sólo “una cara bonita” y de actuar “por un sueldo”. Denuncia a ese canal de no haber pagado impuestos durante varios períodos.
En la misma intervención, el Presidente llama a la población a dejar de comprar El Universo y preferir al diario estatal El Telégrafo.
El 18 de enero, Fabricio Correa Delgado, hermano mayor del Presidente Correa, declara en el programa Detrás de la Noticia, que conduce Alfredo Pinoargote en Ecuavisa: “Yo le he dicho a mi hermano, si la historia te va a reconocer no es por la Revolución Ciudadana, no es porque eres doctor en economía, sino porque eres el primer presidente del mundo… que logra batir al primer poder del Estado que es la prensa”.
El 20 de enero, el periodista de la radio comunitaria Intipacha, Francisco Farinango, es detenido junto a otros manifestantes mientras cubría una manifestación indígena contra la Ley Minera en la provincia de Pichincha. Farinango, que fue liberado al día siguiente, denunció que su estación recibió llamadas telefónicas anónimas exigiendo que no se transmita información sobre las manifestaciones.
El 22 de enero, la AGD niega la apelación de Alvaro Dassum por la confiscación de GamaTV y el canal pasa definitivamente a manos del Estado.
El 25 de enero, el corresponsal de Diario Opinión, Adolfo Caiminagua Herrera, fue arrestado y maltratado por efectivos policiales luego de fotografiar a un gendarme que se encontraba sentado en el balde de una camioneta oficial custodiando el recinto electoral al cierre de las elecciones primarias del movimiento oficialista Alianza País en el Municipio de Pasaje. El periodista fue liberado tras 24 horas de detención sin fórmula de cargos.
El 29 de enero, el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones (Conartel) ordenó a los canales de televisión que se aseguren de que las encuestas o sondeos que realicen se apeguen a metodologías estadísticas que puedan ser verificadas y prohíbe que versen sobre temas que “afecten la honra, la dignidad o el buen nombre de las personas”. El único programa que realiza esa clase de mediciones es Contacto Directo del periodista Carlos Vera de Ecuavisa, conocido crítico del régimen.
El 30 de enero, el Conartel no renueva las concesiones de frecuencias de algunas radios.
El 4 de enero, dos periodistas del diario El Comercio acudieron a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Aldhu, para entrevistar a su principal Juan de Dios Parra, quien luego de responder preguntas sobre los convenios de la entidad con el Gobierno, en tono molesto dijo: "Ustedes son el brazo ejecutor de una conspiración. Tal vez no sepan a lo que se están metiendo", mientras las señalaba con el dedo. Luego exclamó: "Cuando se entere que este Gobierno le quitó el dinero a la Aldhu y me mande a mi quinto destierro van a pasar un mal día y yo también… ".
El 11 de febrero, el reportero gráfico Ángelo Chamba, del Diario Hoy, fue amenazado en Quito por el fiscal Luis Ramiro Sánchez y agredido por un policía cuando cubría el arresto de la periodista Lourdes Garzón y su hermano, acusado él de un delito común y ella de haber tratado de obstruir su detención. Dos policías lo metieron a un vehículo donde lo maltrataron hasta quitarle la cámara, una radio y un celular. Más tarde lo soltaron y le devolvieron sus pertenencias. Al día siguiente Chamba acudió a la audiencia pública donde declararían los hermanos Garzón. Momentos antes de terminar la sesión, el fiscal Ramiro Sánchez ordenó confiscar la cámara del reportero para revisar la memoria.
El 6 de marzo, José Toledo, vicepresidente de Noticias de los tres canales de televisión (GamaTv, TC Televisión y CN3 Cablenoticias) que el régimen confiscó meses atrás, presentó su renuncia tras reconocer que existe presión política para que en esos medios favorezcan en sus coberturas periodísticas a candidatos gobiernistas a las elecciones de abril próximo.
El mismo 6 de marzo, las autoridades electorales aprobaron un Instructivo para Contratación de la Promoción Electoral, en cuyo artículo 15 se responsabiliza de manera exclusiva a los medios de comunicación por la transmisión o publicación de contenidos de las candidaturas electorales que supuestamente en su publicidad induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquélla que atente contra los derechos.

Es decir, los medios de comunicación estarían obligados a interpretar contenidos políticos publicitarios que deben ser de responsabilidad exclusiva de los candidatos. La evaluación y juzgamiento de los actos electorales que violen las leyes corresponden al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, según la Constitución de la República.

El 10 de marzo, el Presidente Correa declara al diario El Telégrafo que “muy pocos gobiernos han tenido una oposición tan cavernaria y sanguinaria como la nuestra. Lo que pasa es que no se expresa en partidos políticos… pero se valen de la prensa”.

Las resoluciones :

Publicidad oficial

CONSIDERANDO
que en Argentina una corte de Apelaciones emitió un falló el 11 de febrero que obliga al gobierno nacional a restablecer la publicidad oficial al diario Perfil, medio que venía siendo discriminado por su línea editorial; y que el dictamen tuvo como antecedente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de junio de 2007 que condenó al gobierno de Neuquén por retirar la pauta oficial del diario Río Negro; que el máximo Tribunal del país también ordenó al gobierno de La Pampa la restitución de la publicidad oficial a un conjunto de radios que fueron excluidas arbitrariamente

CONSIDERANDO
que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha amenazado de manera velada al diario independiente El Universo, preguntando públicamente si desea que la publicidad oficial se paute en ese medio

CONSIDERANDO
que el gobierno de Guatemala, apelando a problemas presupuestarios, suspendió temporalmente la publicidad oficial en aparente actitud discriminatoria contra los medios independientes, principalmente los escritos

CONSIDERANDO
que el gobierno de Honduras amenaza con retirar la publicidad gubernamental, advertencia que han sido dirigidas principalmente a medios de comunicación críticos de su gestión

CONSIDERANDO
que en México los gobiernos locales y estatales aplican políticas de discriminación en materia de otorgamiento de publicidad en represalia contra periódicos que critican su gestión administrativa

CONSIDERANDO
que en Nicaragua el gobierno ha concentrado las pautas publicitarias en medios de comunicación afines a su política y utiliza la publicidad oficial como un mecanismo de castigo contra los medios críticos

CONSIDERANDO
que en Uruguay el gobierno mantiene su política de premiar con publicidad oficial a los medios condescendientes

CONSIDERANDO
Que el gobierno de Venezuela ha usado su influencia directa e indirectamente, consistentemente, para retirar publicidad estatal y publicidad de entidades controladas por el estado, de medios críticos a las políticas gubernamentales, hacia medios que le favorecen

CONSIDERANDO
que la Declaración de Chapultepec establece en su principio 7 que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

expresar satisfacción por la decisión judicial de la corte de Apelaciones en Argentina que se suma a la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia dictó en materia de publicidad prohibiendo a los gobiernos el uso discriminatorio de la pauta oficial

insistir a los gobiernos de Ecuador y Guatemala que abandonen las actitudes de amenazas de sanción fublicitaria o de suspensiones, aunque sean temporales, a los medios de comunicación, en dependencia de su línea editorial a favor o en contra de su política administrativa

pedir el cese de la utilización y manipulación, por parte de los gobiernos de Honduras y Venezuela, de la pauta oficial como instrumento de castigo

pedir a los gobiernos locales y estatales en México a abandonar la utilización de la concesión de la publicidad oficial como instrumento de coacción o beneficio para medios y periodistas

rechazar la política selectiva y discriminatoria de la publicidad estatal en Nicaragua como instrumento de castigo o premio

instar al gobierno de Uruguay a detener la práctica de favoritismo para beneficiar a los medios adeptos, en desmedro de los independientes y críticos.
reiterar a los gobiernos que mantienen políticas discriminatorias, a impulsar reglamentación para la distribución equitativa bajo criterios técnicos de las pautas publicitarias, a fin de que no sean utilizadas como instrumento de coacción o beneficio para medios y periodistas.

Chapultepec

CONSIDERANDO
que el 11 de marzo de 1994, cien periodistas, editores, constitucionalistas, miembros de organizaciones de derechos humanos, académicos y líderes judiciales de todos los puntos de las Américas redactaron la Declaración de Chapultepec de la SIP en el Castillo del mismo nombre en Ciudad de México, México

CONSIDERANDO
que esta Declaración se ha convertido en el instrumento de referencia para la identificación de violaciones a la libertad de expresión y la defensa de las libertades de expresión y de prensa y del derecho a saber de las personas

CONSIDERANDO
que la Declaración de Chapultepec de la SIP, adoptada en marzo de 1994, define 10 principios de la libertad de prensa y la libertad de expresión que fueron adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que le sirvieron de inspiración a ésta para su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada en el 2001

CONSIDERANDO
que las dos declaraciones han servido, a su vez, de inspiración para la Carta Democrática emitida por la Asamblea General de la OEA en 2001, la cual establece que la libertad de prensa y de expresión son derechos humanos esenciales para sostener la democracia en todo el hemisferio

CONSIDERANDO
que el reconocimiento internacional obtenido por la Declaración reafirma que ésta es un compromiso por mantener los más altos estándares internacionales y no algo que deba ser considerado como un lujo o una aspiración

CONSIDERANDO
que desde 1994 la Declaración de Chapultepec ha sido suscrita por 54 jefes de estado, numerosos magistrados, legisladores y funcionarios de gobierno, así como por 75,000 ciudadanos de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe

CONSIDERANDO
que en octubre del 2008 la SIP adoptó las Aspiraciones, un addendum a la Declaración de Chapultepec, que reflejan el conjunto de ideales a los cuales aspiran esta organización y sus miembros y que establecen las pautas para alcanzarlos

CONSIDERANDO
que el 11 de marzo se celebra el 15 aniversario de la Declaración de Chapultepec y de sus guías claras para la libertad de expresión y la libertad de prensa en las democracias de nuestro hemisferio

CONSIDERANDO
que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec dice: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE

continuar con los esfuerzos desplegados los últimos 15 años por cumplir y mantener, tal como lo manda en su prólogo, los Principios de la Declaración de Chapultepec, en defensa de las libertades inseparables de expresión y de prensa

declarar los valores de la Declaración de Chapultepec como esenciales para todos los pueblos y personas y como principios que deberían ser incorporados en las constituciones de la naciones libres

fijar el mes de marzo como Mes de la Declaración de Chapultepec y el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Prensa

alentar a los miembros de la SIP a usar sus publicaciones para informar y educar al público sobre la libertad de expresión y los valores de la Declaración de Chapultepec, así como a identificar los casos de respeto y violación de sus 10 principios

Acceso a la información pública

CONSIDERANDO
que el 21 de abril próximo entrará en vigencia operativa la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala.

CONSIDERANDO
que si bien en Chile debe entrar en vigencia el 20 de abril la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Órganos Administrativos del Estado, su eficacia podría estar en peligro al no percibirse que el gobierno le haya dado prioridad alguna.

CONSIDERANDO
que en Uruguay fue aprobada la ley de acceso a la información pública.

CONSIDERANDO
que un estudio de la Universidad de Costa Rica registró un retroceso en materia de acceso a la información pública, apuntando que varias entidades gubernamentales no tienen procedimientos estándares informativos sobre presupuestos y gastos públicos.

CONSIDERANDO
que en El Salvador está trabado en el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre acceso a la información pública.

CONSIDERANDO
que en Honduras la Ley de Acceso a la Información Pública cumple un año y medio de haber entrado en vigencia, pero se mantiene la critica al Estado por no haber orientado y educado a la población sobre su uso.

CONSIDERANDO
que en los últimos años, además de Guatemala, Chile, Uruguay y Honduras, otros países como México, Nicaragua, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana han adoptado legislaciones similares, las que también las hay en Estados Unidos, Canadá y Jamaica.

CONSIDERANDO
que en varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Haití, Venezuela, los periodistas se han visto restringidos a acceder a la información oficial.

CONSIDERANDO
que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que: “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

LA ASAMBLEA DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:

insistir a las naciones que cuentan con leyes de acceso a la información pública a cumplir con su aplicación e impulsar campañas educativas para que los ciudadanos se informen y conozcan los alcances de esta ley y cómo acceder a ella.

solicitar al gobierno y Congreso Nacional de El Salvador a que avancen las discusiones sobre la ley de acceso a la información pública, como una muestra de apertura, transparencia y democracia.

exhortar a todos los gobiernos del hemisferio occidental, para que promulguen legislaciones destinadas a solidificar la vida democrática del país, con la garantía constitucional que expresa el derecho público a buscar y recibir información.