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INFORME
Ecuador
El
Gobierno continúa amenazando e insultando sistemáticamente
a la prensa y a los periodistas. En su programa de radio y televisión
de los sábados, el Primer Mandatario constantemente describe un
escenario según el cual el causante de casi todos los males del
país es el periodismo.
La actitud general del régimen hacia la prensa fue resumida por
el mismo presidente Correa, que en declaraciones al diario estatal El
Telégrafo dijo: “Muy pocos gobiernos han tenido una oposición
tan cavernaria y sanguinaria como la nuestra. Lo que pasa es que no se
expresa en partidos políticos… pero se valen de la prensa”.
Este clima de hostilidad se ha trasladado a otros sectores; de manera
particular, el nuevo organismo legislativo, más conocido como “congresillo”,
que ha restringido considerablemente el ingreso de periodistas.
Paralelamente, el gobierno ha ido consolidando un bloque de medios controlados
por el Estado que hasta el momento incluye tres canales de televisión
de señal abierta en UHF (de un total de seis), uno en VHF y uno
más de cable, además de un diario nacional y varias estaciones
de radio.
Conforme con el Régimen de Transición de la nueva constitución,
se creó la comisión auditora de las concesiones de las frecuencias
de radio y TV y se espera que para finales de mayo dicha comisión
cumpla con revisar los contratos de concesión realizados desde
1995.
Al momento de preparar este informe había dos periodistas en prisión
acusados de injurias calumniosas: Freddy Aponte, periodista de radio Luz
y Vida, sentenciado a seis meses de prisión y Milton Nelson Chacaguasay,
director y propietario del semanario La Verdad, condenado a 10 meses de
prisión.
Los hechos cronológicos:
El 12 de septiembre, el camarógrafo del canal Telesistema, Eduardo
Molina, es agredido al cubrir un enfrentamiento entre simpatizantes del
No y el Sí en el referéndum. Un simpatizante del Sí
intenta arrebatarle su cámara.
El 7 de octubre, el camarógrafo de Telesistema, Eduardo Molina,
es agredido cuando cubría el enfrentamiento entre estudiantes del
Colegio Aguirre Abad y la Policía, en Guayaquil.
Ese mismo día, la AGD informa que 264 bienes incautados meses atrás
pasan a manos estatales una vez que se ratificó que pertenecieron
a los hermanos Isaías, ex accionistas del Filanbanco. La lista
incluye a TC Televisión, TV Cable, las radios Super K 800 y Carrusel,
así como el paquete accionario de Cable Visión. La intención,
se dice, es venderlos tan pronto sea posible.
El 17 de noviembre, la AGD anunció que GamaTv, ex propiedad del
grupo Isaías, también pasa a manos del Estado.
El 15 de octubre, la periodista del diario Expreso, Daisy Pico, denunció
haber sido amenazada, desde mayo de 2008, por Mauricio Montesdeoca Martinetti,
alias “El Justiciero”, acusado de sicariato en Manabí.
Ese mismo día,
el camarógrafo del canal Telesistema, Germán Vera, fue golpeado
por un grupo de personas mientras cubría el enfrentamiento entre
invasores de tierra en la Hacienda Mercedes, cerca de Guayaquil.
El 22 de octubre, se instala la Comisión Legislativa y de Fiscalización
y se informa que los reporteros no tendrán acceso a las oficinas
de la Secretaría General, la Presidencia y los salones de pisos
superiores de dicha institución.
El 28 de octubre, en una entrevista radial, la entonces ministra de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Miduvi), María de los Ángeles Duarte,
informa que Playcem Internacional, contratista del programa oficial de
viviendas, prepara una demanda contra el diario El Universo por sus denuncias
sobre casas mal construidas.
El 13 de noviembre, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel,
ejecuta la orden de clausura, emitida por el Consejo Nacional de Radio
y Telecomunicaciones (Conartel), de Radio Ritmo de Santa Elena por haber
incitado a la población a participar en manifestaciones a favor
de convertir al cantón de Santa Elena en una nueva provincia del
Ecuador.
El 14 de noviembre, el Servicio de Rentas Internas (SRI) clausura por
siete días a Canal Uno supuestamente por no proporcionar información
tributaria. La orden sólo rige para las oficinas del canal en la
provincia de Pichincha.
El 15 de noviembre, Milton Nelson Chacaguasay Flores, director y propietario
del semanario La Verdad, de la provincia de El Oro, es condenado a diez
meses de prisión por supuestas injurias calumniosas contra el Juez
I de lo Civil, Silvio Castillo. Chacaguasay argumenta que él no
fue el autor de la publicación por la cual se lo acusa ya que se
trató de un espacio pagado por terceros.
El 18 de noviembre, oficiales de la Comisión de Tránsito
del Guayas (CTG) anuncian su intención de demandar al actor cómico
David Reinoso por su caracterización del personaje “Buitrón”,
una parodia de los gendarmes corruptos de la institución. La demanda
no se concreta.
En esa misma fecha, el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones
(CONARTEL) prohíbe la difusión de imágenes de corridas
de toros por radio y televisión.
El 20 de noviembre, el Conartel censura la emisión del talk show
“José Luis Sin Censura” que se transmite por Canal
Uno.
Ese mismo día, durante la comparecencia ante la Comisión
Legislativa y de Fiscalización del presidente del directorio del
Banco Central Carlos Vallejo, la escolta legislativa intenta limitar el
ingreso de la prensa y se produce un roce con los periodistas,
El 21 de noviembre, se integra la Comisión para la Auditoría
de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión que
revisará la legalidad de las concesiones otorgadas entre 1995 y
el 2008.
El 22 de noviembre, Marlon Torres, corresponsal de Radio Sucumbíos,
es maltratado por la gobernadora Nancy Morocho cuando el periodista intentaba
grabar un altercado en una reunión política. Los asistentes
a la reunión evitan que el periodista sea expulsado del lugar.
El 25 de noviembre, los administradores estatales del canal Gamatv, incautado
por el Estado, resuelven no transmitir el programa de humor político
Buenos Muchachos conducido por Francisco Pinoargotti.
En esa misma fecha, Freddy Aponte Aponte, periodista de radio Luz y Vida,
de la ciudad de Loja, recibe la notificación de un segundo juicio
penal en su contra por supuestas injurias calumniosas iniciado por el
ex alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. Aponte había
sido sentenciado previamente, el 25 de septiembre, a seis meses de prisión
por haber acusado de “ladrón” al ex alcalde.
El 27 de noviembre, Javier Molina, ex conductor del programa ‘Sobremesas
de entorno’, que se transmitía en el canal CN3, incautado
por el Estado, denuncia que su espacio salió del aire.
El 1 de diciembre, el canal Cablenoticias, bajo control estatal, cierra
de modo definitivo el programa Mano a Mano que conducía Francisco
Pinoargotti.
El 2 de diciembre, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María
de los Ángeles Duarte, afirma que los periodistas “van de
pueblo en pueblo pagándole a la gente para que se queje por los
daños en sus casas” para desmerecer las denuncias en contra
del programa de vivienda popular que impulsa el régimen. La ministra
nunca especificó nombres o medios al que pertenecían los
supuestos periodistas.
El 3 de diciembre, Ricardo Antón, director ejecutivo de la Comisión
de Tránsito del Guayas (CTG), increpa al artista Betto Villacís
por su pintura Carvux Corax que se exhibe en la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil. El óleo muestra a un buitre con cuerpo humano
que viste el uniforme de la institución. Al día siguiente
el vicerrector de ese centro de educación superior ordena que se
retire la pintura.
El 8 de diciembre, la ministra de Finanzas María Elsa Viteri advierte
con acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido
información sobre una emisión de bonos en el mercado doméstico.
El 12 de diciembre, el SRI clausura provisionalmente las oficinas de radio
CRE por supuesto incumplimiento en el pago de impuestos.
El 16 de diciembre, el Conartel prohíbe a las estaciones de radio
y televisión que transmitan publicidad y programas relacionados
con mentalistas y parapsicólogos.
El 17 de diciembre, el Gobierno interrumpe la señal del programa
Contacto Directo que conduce Carlos Vera en el canal Ecuavisa para transmitir
un video que pretende desmentir que la ministra de Vivienda hubiese acusado
a los periodistas de pagar a la gente para que la desacrediten. Al día
siguiente se vuelve a interrumpir el programa. Vera denuncia que el Estado
sólo tiene atribuciones para ordenar cadenas informativas pero
no para intervenir en un canal privado.
El 23 de diciembre, el periodista Benjamín Córdova, de Radio
Musical, es desalojado de la sede del movimiento de gobierno Alianza País
en la provincia de Orellana por uno de los directivos de ese partido cuando
se disponía a entrevistar a una funcionaria pública.
El 24 de diciembre, el periodista de Radio Sucumbíos, Marlon Torres,
abandona la provincia de Sucumbíos ante amenazas de muerte. Torres
dice desconocer a los autores. Las amenazas se iniciaron el 9 de noviembre,
luego del asesinato de Juan Bravo, presidente de la Junta Cívica
del cantón. El 22 de diciembre Torres fue perseguido por dos sujetos
en una moto durante casi siete kilómetros.
El 30 de diciembre, Paul Gallie, gerente de la empresa Terminales Internacionales
de Ecuador (Tide), concesionaria del puerto de Manta, ratifica por escrito
la prohibición de ingresar a esas instalaciones a Nancy Gioconda
Vélez Álava, del canal Mantavisión, porque supuestamente
agredió verbalmente a un guardia de la empresa el 28 de agosto.
La periodista lo niega. Gallie informa que la prohibición será
levantada sólo cuando la periodista se excuse por su comportamiento.
El 3 de enero, el presidente Rafael Correa pide públicamente al
diario El Universo que le informe si desea o no que la publicidad oficial
se paute en ese medio. A los pocos días El Universo aclara que
en realidad el régimen ya ha retirado paulatinamente los avisos
del Estado.
El 7 de enero,
Cléber Barahona, conductor del programa Informativo Mundo, en Radio
Mía, provincia de Pastaza, es intimidado por una turba de simpatizantes
del alcalde del cantón Pastaza, Oscar Ledesma, en medio de una
entrevista al burgomaestre en la estación radial.
El 8 de enero, Comuneros del sector de Pueblo Nuevo, en la vía
a Molleturo, retienen por un par de horas al equipo periodístico
del diario El Universo que cubría la protesta indígena contra
la Ley Minera.
El 10 de enero, el presidente Correa denunció que el diario El
Universo pertenece a empresas extranjeras, lo que está permitido
por la ley ecuatoriana y que de lo cual siempre estuvieron en conocimiento
las respectivas autoridades de control. El Primer Mandatario también
acusa al director de ese medio de pagar una cifra muy reducida por concepto
de impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas no ha cuestionado
nunca las declaraciones de impuesto a la renta de dicho funcionario.
El 12 de enero,
un grupo de reclusas de la cárcel de Guayaquil arremete contra
varios reporteros que intentaban conseguir declaraciones de jóvenes
detenidas en esa prisión.
El 17 de enero,
el Primer Mandatario acusa a la presentadora de televisión María
Josefa Coronel, del canal Teleamazonas de ser sólo “una cara
bonita” y de actuar “por un sueldo”. Denuncia a ese
canal de no haber pagado impuestos durante varios períodos.
En la misma intervención, el Presidente llama a la población
a dejar de comprar El Universo y preferir al diario estatal El Telégrafo.
El 18 de enero, Fabricio Correa Delgado, hermano mayor del Presidente
Correa, declara en el programa Detrás de la Noticia, que conduce
Alfredo Pinoargote en Ecuavisa: “Yo le he dicho a mi hermano, si
la historia te va a reconocer no es por la Revolución Ciudadana,
no es porque eres doctor en economía, sino porque eres el primer
presidente del mundo… que logra batir al primer poder del Estado
que es la prensa”.
El 20 de enero, el periodista de la radio comunitaria Intipacha, Francisco
Farinango, es detenido junto a otros manifestantes mientras cubría
una manifestación indígena contra la Ley Minera en la provincia
de Pichincha. Farinango, que fue liberado al día siguiente, denunció
que su estación recibió llamadas telefónicas anónimas
exigiendo que no se transmita información sobre las manifestaciones.
El 22 de enero, la AGD niega la apelación de Alvaro Dassum por
la confiscación de GamaTV y el canal pasa definitivamente a manos
del Estado.
El 25 de enero, el corresponsal de Diario Opinión, Adolfo Caiminagua
Herrera, fue arrestado y maltratado por efectivos policiales luego de
fotografiar a un gendarme que se encontraba sentado en el balde de una
camioneta oficial custodiando el recinto electoral al cierre de las elecciones
primarias del movimiento oficialista Alianza País en el Municipio
de Pasaje. El periodista fue liberado tras 24 horas de detención
sin fórmula de cargos.
El 29 de enero, el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones (Conartel)
ordenó a los canales de televisión que se aseguren de que
las encuestas o sondeos que realicen se apeguen a metodologías
estadísticas que puedan ser verificadas y prohíbe que versen
sobre temas que “afecten la honra, la dignidad o el buen nombre
de las personas”. El único programa que realiza esa clase
de mediciones es Contacto Directo del periodista Carlos Vera de Ecuavisa,
conocido crítico del régimen.
El 30 de enero, el Conartel no renueva las concesiones de frecuencias
de algunas radios.
El 4 de enero, dos periodistas del diario El Comercio acudieron a la Asociación
Latinoamericana de Derechos Humanos, Aldhu, para entrevistar a su principal
Juan de Dios Parra, quien luego de responder preguntas sobre los convenios
de la entidad con el Gobierno, en tono molesto dijo: "Ustedes son
el brazo ejecutor de una conspiración. Tal vez no sepan a lo que
se están metiendo", mientras las señalaba con el dedo.
Luego exclamó: "Cuando se entere que este Gobierno le quitó
el dinero a la Aldhu y me mande a mi quinto destierro van a pasar un mal
día y yo también… ".
El 11 de febrero, el reportero gráfico Ángelo Chamba, del
Diario Hoy, fue amenazado en Quito por el fiscal Luis Ramiro Sánchez
y agredido por un policía cuando cubría el arresto de la
periodista Lourdes Garzón y su hermano, acusado él de un
delito común y ella de haber tratado de obstruir su detención.
Dos policías lo metieron a un vehículo donde lo maltrataron
hasta quitarle la cámara, una radio y un celular. Más tarde
lo soltaron y le devolvieron sus pertenencias. Al día siguiente
Chamba acudió a la audiencia pública donde declararían
los hermanos Garzón. Momentos antes de terminar la sesión,
el fiscal Ramiro Sánchez ordenó confiscar la cámara
del reportero para revisar la memoria.
El 6 de marzo, José Toledo, vicepresidente de Noticias de los tres
canales de televisión (GamaTv, TC Televisión y CN3 Cablenoticias)
que el régimen confiscó meses atrás, presentó
su renuncia tras reconocer que existe presión política para
que en esos medios favorezcan en sus coberturas periodísticas a
candidatos gobiernistas a las elecciones de abril próximo.
El mismo 6 de
marzo, las autoridades electorales aprobaron un Instructivo para Contratación
de la Promoción Electoral, en cuyo artículo 15 se responsabiliza
de manera exclusiva a los medios de comunicación por la transmisión
o publicación de contenidos de las candidaturas electorales que
supuestamente en su publicidad induzcan a la violencia, la discriminación,
el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa
o política y toda aquélla que atente contra los derechos.
Es decir, los medios de comunicación estarían
obligados a interpretar contenidos políticos publicitarios que
deben ser de responsabilidad exclusiva de los candidatos. La evaluación
y juzgamiento de los actos electorales que violen las leyes corresponden
al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, según
la Constitución de la República.
El 10 de marzo, el Presidente Correa declara al diario
El Telégrafo que “muy pocos gobiernos han tenido una oposición
tan cavernaria y sanguinaria como la nuestra. Lo que pasa es que no se
expresa en partidos políticos… pero se valen de la prensa”.
Las resoluciones
:
Publicidad
oficial
CONSIDERANDO
que en Argentina una corte de Apelaciones emitió un falló
el 11 de febrero que obliga al gobierno nacional a restablecer la publicidad
oficial al diario Perfil, medio que venía siendo discriminado por
su línea editorial; y que el dictamen tuvo como antecedente la
decisión de la Corte Suprema de Justicia de junio de 2007 que condenó
al gobierno de Neuquén por retirar la pauta oficial del diario
Río Negro; que el máximo Tribunal del país también
ordenó al gobierno de La Pampa la restitución de la publicidad
oficial a un conjunto de radios que fueron excluidas arbitrariamente
CONSIDERANDO
que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha amenazado de manera velada
al diario independiente El Universo, preguntando públicamente si
desea que la publicidad oficial se paute en ese medio
CONSIDERANDO
que el gobierno de Guatemala, apelando a problemas presupuestarios, suspendió
temporalmente la publicidad oficial en aparente actitud discriminatoria
contra los medios independientes, principalmente los escritos
CONSIDERANDO
que el gobierno de Honduras amenaza con retirar la publicidad gubernamental,
advertencia que han sido dirigidas principalmente a medios de comunicación
críticos de su gestión
CONSIDERANDO
que en México los gobiernos locales y estatales aplican políticas
de discriminación en materia de otorgamiento de publicidad en represalia
contra periódicos que critican su gestión administrativa
CONSIDERANDO
que en Nicaragua el gobierno ha concentrado las pautas publicitarias en
medios de comunicación afines a su política y utiliza la
publicidad oficial como un mecanismo de castigo contra los medios críticos
CONSIDERANDO
que en Uruguay el gobierno mantiene su política de premiar con
publicidad oficial a los medios condescendientes
CONSIDERANDO
Que el gobierno de Venezuela ha usado su influencia directa e indirectamente,
consistentemente, para retirar publicidad estatal y publicidad de entidades
controladas por el estado, de medios críticos a las políticas
gubernamentales, hacia medios que le favorecen
CONSIDERANDO
que la Declaración de Chapultepec establece en su principio 7 que
“las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para
la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión
de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios
o periodistas”
LA REUNIÓN
DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
expresar satisfacción por la decisión judicial
de la corte de Apelaciones en Argentina que se suma a la jurisprudencia
que la Corte Suprema de Justicia dictó en materia de publicidad
prohibiendo a los gobiernos el uso discriminatorio de la pauta oficial
insistir a los gobiernos de Ecuador y Guatemala que abandonen
las actitudes de amenazas de sanción fublicitaria o de suspensiones,
aunque sean temporales, a los medios de comunicación, en dependencia
de su línea editorial a favor o en contra de su política
administrativa
pedir el cese de la utilización y manipulación,
por parte de los gobiernos de Honduras y Venezuela, de la pauta oficial
como instrumento de castigo
pedir a los gobiernos locales y estatales en México
a abandonar la utilización de la concesión de la publicidad
oficial como instrumento de coacción o beneficio para medios y
periodistas
rechazar la política selectiva y discriminatoria
de la publicidad estatal en Nicaragua como instrumento de castigo o premio
instar al gobierno de Uruguay a detener la práctica
de favoritismo para beneficiar a los medios adeptos, en desmedro de los
independientes y críticos.
reiterar a los gobiernos que mantienen políticas discriminatorias,
a impulsar reglamentación para la distribución equitativa
bajo criterios técnicos de las pautas publicitarias, a fin de que
no sean utilizadas como instrumento de coacción o beneficio para
medios y periodistas.
Chapultepec
CONSIDERANDO
que el 11 de marzo de 1994, cien periodistas, editores, constitucionalistas,
miembros de organizaciones de derechos humanos, académicos y líderes
judiciales de todos los puntos de las Américas redactaron la Declaración
de Chapultepec de la SIP en el Castillo del mismo nombre en Ciudad de
México, México
CONSIDERANDO
que esta Declaración se ha convertido en el instrumento de referencia
para la identificación de violaciones a la libertad de expresión
y la defensa de las libertades de expresión y de prensa y del derecho
a saber de las personas
CONSIDERANDO
que la Declaración de Chapultepec de la SIP, adoptada en marzo
de 1994, define 10 principios de la libertad de prensa y la libertad de
expresión que fueron adoptados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA y que le sirvieron de inspiración
a ésta para su Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión, adoptada en el 2001
CONSIDERANDO
que las dos declaraciones han servido, a su vez, de inspiración
para la Carta Democrática emitida por la Asamblea General de la
OEA en 2001, la cual establece que la libertad de prensa y de expresión
son derechos humanos esenciales para sostener la democracia en todo el
hemisferio
CONSIDERANDO
que el reconocimiento internacional obtenido por la Declaración
reafirma que ésta es un compromiso por mantener los más
altos estándares internacionales y no algo que deba ser considerado
como un lujo o una aspiración
CONSIDERANDO
que desde 1994 la Declaración de Chapultepec ha sido suscrita por
54 jefes de estado, numerosos magistrados, legisladores y funcionarios
de gobierno, así como por 75,000 ciudadanos de Norte, Centro y
Sudamérica y el Caribe
CONSIDERANDO
que en octubre del 2008 la SIP adoptó las Aspiraciones, un addendum
a la Declaración de Chapultepec, que reflejan el conjunto de ideales
a los cuales aspiran esta organización y sus miembros y que establecen
las pautas para alcanzarlos
CONSIDERANDO
que el 11 de marzo se celebra el 15 aniversario de la Declaración
de Chapultepec y de sus guías claras para la libertad de expresión
y la libertad de prensa en las democracias de nuestro hemisferio
CONSIDERANDO
que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec dice: “No
hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de
prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las
autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
continuar con los esfuerzos desplegados los últimos
15 años por cumplir y mantener, tal como lo manda en su prólogo,
los Principios de la Declaración de Chapultepec, en defensa de
las libertades inseparables de expresión y de prensa
declarar los valores
de la Declaración de Chapultepec como esenciales para todos los
pueblos y personas y como principios que deberían ser incorporados
en las constituciones de la naciones libres
fijar el mes de marzo como Mes de la Declaración de Chapultepec
y el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Prensa
alentar a los miembros de la SIP a usar sus publicaciones
para informar y educar al público sobre la libertad de expresión
y los valores de la Declaración de Chapultepec, así como
a identificar los casos de respeto y violación de sus 10 principios
Acceso a la
información pública
CONSIDERANDO
que el 21 de abril próximo entrará en vigencia operativa
la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala.
CONSIDERANDO
que si bien en Chile debe entrar en vigencia el 20 de abril la Ley sobre
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información
de los Órganos Administrativos del Estado, su eficacia podría
estar en peligro al no percibirse que el gobierno le haya dado prioridad
alguna.
CONSIDERANDO
que en Uruguay fue aprobada la ley de acceso a la información pública.
CONSIDERANDO
que un estudio de la Universidad de Costa Rica registró un retroceso
en materia de acceso a la información pública, apuntando
que varias entidades gubernamentales no tienen procedimientos estándares
informativos sobre presupuestos y gastos públicos.
CONSIDERANDO
que en El Salvador está trabado en el Congreso Nacional el proyecto
de ley sobre acceso a la información pública.
CONSIDERANDO
que en Honduras la Ley de Acceso a la Información Pública
cumple un año y medio de haber entrado en vigencia, pero se mantiene
la critica al Estado por no haber orientado y educado a la población
sobre su uso.
CONSIDERANDO
que en los últimos años, además de Guatemala, Chile,
Uruguay y Honduras, otros países como México, Nicaragua,
Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana han adoptado
legislaciones similares, las que también las hay en Estados Unidos,
Canadá y Jamaica.
CONSIDERANDO
que en varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia,
Haití, Venezuela, los periodistas se han visto restringidos a acceder
a la información oficial.
CONSIDERANDO
que el principio 3 de la Declaración de Chapultepec establece que:
“las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición
de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información
generada por el sector público”.
LA ASAMBLEA
DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:
insistir a las naciones que cuentan con leyes de acceso a la información
pública a cumplir con su aplicación e impulsar campañas
educativas para que los ciudadanos se informen y conozcan los alcances
de esta ley y cómo acceder a ella.
solicitar al gobierno y Congreso Nacional de El Salvador
a que avancen las discusiones sobre la ley de acceso a la información
pública, como una muestra de apertura, transparencia y democracia.
exhortar a todos los
gobiernos del hemisferio occidental, para que promulguen legislaciones
destinadas a solidificar la vida democrática del país, con
la garantía constitucional que expresa el derecho público
a buscar y recibir información.
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