Las amenazas y agresiones del gobierno contra la libertad de
expresión bajaron considerablemente de tono en las últimas semanas. El presidente Rafael
Correa agradeció en público a los medios de comunicación por su papel durante el
conflicto diplomático con Colombia.
El hecho más grave fue la amenaza del Estado contra Ecuavisa por la difusión del
audio grabado de conversaciones entre oficiales de la Marina que revelaron ciertos
aspectos desconocidos de la crisis interna que enfrentó esa rama de las Fuerzas Armadas
recientemente. Los representantes de Ecuavisa comparecieron el 5 de marzo ante el Conartel
para dar su versión de los hechos, pero éste todavía no se pronuncia.
El énfasis en materia de libertad de prensa por ahora está puesto en lo que
decidirá la Asamblea Constituyente. Aunque en el debate se ha insistido en la
intervención del Estado, aún no hay propuestas concretas.
Está por cumplirse un año desde que el presidente Rafael Correa presentó la denuncia
contra La Hora por desacato. El diario quiteño ha entregado en estos meses una serie de
pruebas de descargo, pero el fiscal, que debe decidir si inicia la instrucción acusatoria
o archiva el proceso, aun no se pronunció. El plazo para que lo haga se cumple el 10 de
mayo próximo.
Mientras tanto, el Gobierno ha continuado con su plan de crear su propio sistema de
medios. El canal estatal TV Ecuador inició sus transmisiones en diciembre pasado de
manera muy irregular. Asimismo, se rediseñó y relanzó el diario El Telégrafo a mediado
s de marzo en formato berlinés, con una agresiva presencia de publicidad oficial. Se han
hecho anuncios también de que la antigua Radio Nacional y Radio El Telégrafo (que pasó
a manos del Estado junto con el diario del mismo nombre) volverán a salir al aire muy
pronto.
Otros hechos relevantes de este periodo son:
El 13 de octubre, el Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin
efecto la obligatoriedad de la agremiación o colegiatura que se exige a varios sectores,
entre ellos, el periodístico. El 12 de marzo, el Tribunal emitió la resolución Nº
38-2008 que declara inconstitucional por razones de fondo dicha obligatoriedad. La
sentencia cita la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
había interpuesto la SIP a través del gobierno de Costa Rica en 1985. Sin embargo, la
resolución aún no se encuentra vigente y no está publicada en el Registro Oficial, por
cuanto se ha solicitado una aclaración y ampliación.
El 26 de octubre, en Balzar, provincia del Guayas, un equipo de reporteros de
Teleamazonas es atacado por una veintena de personas lideradas por un funcionario del
Municipio de la localidad mientras informaban sobre la adquisición de una ambulancia con
un supuesto sobreprecio. Más tarde, el canal local, Visión TV, es apedreado luego de
informar la agresión de que eran víctimas los reporteros de Teleamazonas.
El 29 de octubre, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel)
cuestiona la transmisión de marchas a favor de la provincialización de la península de
Santa Elena por las emisoras La Voz de la Península, Ritmo y Panorama, y el canal Brisa
TV en las que supuestamente se habría incitado a la violencia.
El 7 de noviembre el presidente Correa anunció una demanda de inconstitucionalidad
en la conformación del directorio de dicho organismo, cuestionando la presencia en el
mismo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la Asociación Ecuatoriana
de Canales de TV (AECTV), que las convertiría en juez y parte. Un mes más tarde el
Conartel cambió de postura e inició el proceso de reversión, primero con las
repetidoras de radio Morena en las provincias de Manabí y Santa Elena, y luego ampliando
la decisión en febrero a otras 42 frecuencias. Un informe de Contraloría, poco antes,
supuestamente confirmó la denuncia de actos ilícitos.
El 29 de diciembre, quince emisoras de Guayaquil, Machala y Portoviejo son
investigadas por el Conartel, por la cobertura que dieron a la marcha que lideró el
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hacia Montecristi el 27 de diciembre y que fue impedida
de avanzar por la fuerza pública en el sector de La Cadena a 70 kilómetros de Guayaquil.
La AER, núcleo del Guayas, envió una carta a dicho organismo expresando su
desconcierto por el pedido, argumentando que“no quisiéramos pensar que se trata de
un acto de represión o amedrentamiento”. El gremio sugirió a las emisoras enviar el
material solicitado, “aunque no existe obligación jurídica”, por respeto a la
ciudadanía. Las grabaciones fueron entregadas el 3 de enero.El Conartel concluyó el tema
exhortando a Radio Sucre y Radio Caravana a no usar “epítetos, insultos o
vocabulario inadecuado”.
El 5 de enero, el presidente Correa hace pública la información del Servicio de
Rentas Interna de varios medios de comunicación de televisión y de prensa escrita de los
últimos años relacionando las ventas con el impuesto a la renta pagado sin dar a conocer
los costos.El presidente concluyó: "Para que vean a quiénes nos estamos enfrentando
y de quiénes recibimos las noticias", a propósito de que en el país se debatía el
proyecto de ley tributaria presentada por el ejecutivo a la Asamblea.
El 31 de enero, en el marco de la Asamblea Constituyente, la asambleísta, Pilar
Núñez, impulsa un proyecto para que se declaren las frecuencias de radio y televisión
como patrimonio nacional y social, lo que al menos implicaría la reversión de todas las
frecuencias asignadas.
El 7 de febrero, el Conartel evalúa la transmisión de radio La Luna, propiedad
del asambleísta Paco Velasco, del movimiento PAIS, en la que supuestamente profirió
insultos contra el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo.
El mismo día, periodistas de Diario Súper son agredidos por miembros de la
Policía Nacional, en las oficinas del Banco Nacional de Fomento de Milagro, cuando los
reporteros buscaban información de los perjudicados en la distribución de la urea y de
la mala atención que reciben en esa institución. Dos uniformados de la Policía Nacional
trataron de impedir que se realice la labor periodística.
El 11 de febrero, Jorge Yunda, presidente del Conartel, es cuestionado por la
adjudicación de una frecuencia –cuando todavía era parte del Gobierno- que la
devolvió el 19 de diciembre del año pasado, según él, por ética personal.
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