LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Las amenazas y agresiones del gobierno contra la libertad de expresión bajaron considerablemente de tono en las últimas semanas. El presidente Rafael Correa agradeció en público a los medios de comunicación por su papel durante el conflicto diplomático con Colombia.

El hecho más grave fue la amenaza del Estado contra Ecuavisa por la difusión del audio grabado de conversaciones entre oficiales de la Marina que revelaron ciertos aspectos desconocidos de la crisis interna que enfrentó esa rama de las Fuerzas Armadas recientemente. Los representantes de Ecuavisa comparecieron el 5 de marzo ante el Conartel para dar su versión de los hechos, pero éste todavía no se pronuncia.

El énfasis en materia de libertad de prensa por ahora está puesto en lo que decidirá la Asamblea Constituyente. Aunque en el debate se ha insistido en la intervención del Estado, aún no hay propuestas concretas.

Está por cumplirse un año desde que el presidente Rafael Correa presentó la denuncia contra La Hora por desacato. El diario quiteño ha entregado en estos meses una serie de pruebas de descargo, pero el fiscal, que debe decidir si inicia la instrucción acusatoria o archiva el proceso, aun no se pronunció. El plazo para que lo haga se cumple el 10 de mayo próximo.

Mientras tanto, el Gobierno ha continuado con su plan de crear su propio sistema de medios. El canal estatal TV Ecuador inició sus transmisiones en diciembre pasado de manera muy irregular. Asimismo, se rediseñó y relanzó el diario El Telégrafo a mediado s de marzo en formato berlinés, con una agresiva presencia de publicidad oficial. Se han hecho anuncios también de que la antigua Radio Nacional y Radio El Telégrafo (que pasó a manos del Estado junto con el diario del mismo nombre) volverán a salir al aire muy pronto.

Otros hechos relevantes de este periodo son:

El 13 de octubre, el Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la obligatoriedad de la agremiación o colegiatura que se exige a varios sectores, entre ellos, el periodístico. El 12 de marzo, el Tribunal emitió la resolución Nº 38-2008 que declara inconstitucional por razones de fondo dicha obligatoriedad. La sentencia cita la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había interpuesto la SIP a través del gobierno de Costa Rica en 1985. Sin embargo, la resolución aún no se encuentra vigente y no está publicada en el Registro Oficial, por cuanto se ha solicitado una aclaración y ampliación.

El 26 de octubre, en Balzar, provincia del Guayas, un equipo de reporteros de Teleamazonas es atacado por una veintena de personas lideradas por un funcionario del Municipio de la localidad mientras informaban sobre la adquisición de una ambulancia con un supuesto sobreprecio. Más tarde, el canal local, Visión TV, es apedreado luego de informar la agresión de que eran víctimas los reporteros de Teleamazonas.

El 29 de octubre, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) cuestiona la transmisión de marchas a favor de la provincialización de la península de Santa Elena por las emisoras La Voz de la Península, Ritmo y Panorama, y el canal Brisa TV en las que supuestamente se habría incitado a la violencia.

El 7 de noviembre el presidente Correa anunció una demanda de inconstitucionalidad en la conformación del directorio de dicho organismo, cuestionando la presencia en el mismo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la Asociación Ecuatoriana de Canales de TV (AECTV), que las convertiría en juez y parte. Un mes más tarde el Conartel cambió de postura e inició el proceso de reversión, primero con las repetidoras de radio Morena en las provincias de Manabí y Santa Elena, y luego ampliando la decisión en febrero a otras 42 frecuencias. Un informe de Contraloría, poco antes, supuestamente confirmó la denuncia de actos ilícitos.

El 29 de diciembre, quince emisoras de Guayaquil, Machala y Portoviejo son investigadas por el Conartel, por la cobertura que dieron a la marcha que lideró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hacia Montecristi el 27 de diciembre y que fue impedida de avanzar por la fuerza pública en el sector de La Cadena a 70 kilómetros de Guayaquil.

La AER, núcleo del Guayas, envió una carta a dicho organismo expresando su desconcierto por el pedido, argumentando que“no quisiéramos pensar que se trata de un acto de represión o amedrentamiento”. El gremio sugirió a las emisoras enviar el material solicitado, “aunque no existe obligación jurídica”, por respeto a la ciudadanía. Las grabaciones fueron entregadas el 3 de enero.El Conartel concluyó el tema exhortando a Radio Sucre y Radio Caravana a no usar “epítetos, insultos o vocabulario inadecuado”.

El 5 de enero, el presidente Correa hace pública la información del Servicio de Rentas Interna de varios medios de comunicación de televisión y de prensa escrita de los últimos años relacionando las ventas con el impuesto a la renta pagado sin dar a conocer los costos.El presidente concluyó: "Para que vean a quiénes nos estamos enfrentando y de quiénes recibimos las noticias", a propósito de que en el país se debatía el proyecto de ley tributaria presentada por el ejecutivo a la Asamblea.

El 31 de enero, en el marco de la Asamblea Constituyente, la asambleísta, Pilar Núñez, impulsa un proyecto para que se declaren las frecuencias de radio y televisión como patrimonio nacional y social, lo que al menos implicaría la reversión de todas las frecuencias asignadas.

El 7 de febrero, el Conartel evalúa la transmisión de radio La Luna, propiedad del asambleísta Paco Velasco, del movimiento PAIS, en la que supuestamente profirió insultos contra el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo.

El mismo día, periodistas de Diario Súper son agredidos por miembros de la Policía Nacional, en las oficinas del Banco Nacional de Fomento de Milagro, cuando los reporteros buscaban información de los perjudicados en la distribución de la urea y de la mala atención que reciben en esa institución. Dos uniformados de la Policía Nacional trataron de impedir que se realice la labor periodística.

El 11 de febrero, Jorge Yunda, presidente del Conartel, es cuestionado por la adjudicación de una frecuencia –cuando todavía era parte del Gobierno- que la devolvió el 19 de diciembre del año pasado, según él, por ética personal.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, lamenta que la relación del Gobierno con la prensa durante este primer año, haya estado determinada por una constante confrontación por parte del poder.

El Presidente de la República ha afirmado que los periodistas son actores políticos. Declaramos formalmente que ni lo somos ni aspiramos a serlo.

Por supuesto, no es papel de los medios halagar al gobierno de turno. El periodismo profesional debe guardar siempre una distancia crítica que permita denunciar y vigilar, expresar puntos de vista divergentes, analizar, opinar de manera argumentada, sin que ello signifique sustituir a otras instancias sociales o políticas.

A los medios de comunicación no les compete asumir el espacio de los partidos o grupos sociales, como ha sucedido en otros países con lamentables efectos tanto para los propios medios, como para la sociedad toda.

El Gobierno ha utilizado la distorsionada generalización de que los medios responden a  intereses de grupos de poder, por el simple hecho de que algunos periodistas no coinciden con sus visiones sobre el manejo del Estado. Así como, en un momento dado, se lanzaron amenazas sobre la concesión de frecuencias para la radio y la televisión, en las últimas semanas, y a propósito del apresurado trámite de las reformas tributarias, el propio Presidente de la República ha intentado ligar el presunto incumplimiento de las obligaciones de algunas empresas con una supuesta falta de calidad moral para cumplir el papel de informar, educar y entretener.

Si el régimen considera que alguna empresa o medio de información no ha pagado los impuestos que debe, a través del Servicio de Rentas Internas, posee todos los instrumentos para obligar al incumplido a cancelar sus obligaciones de acuerdo con la ley. Y toda empresa en el Ecuador tiene el mismo derecho que el Presidente, para exigir que no se utilice información falsa para distorsionar una realidad o una discusión.

En estos días, se agrega la tentación de manipular intereses gremiales relacionados con la ya obsoleta colegiatura obligatoria periodística como un arma para afectar a  medios que no gozan de la simpatía gubernamental.

Restringir, mediante una ley, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a buscar información y transmitirla libremente, permitiendo que únicamente los "periodistas agremiados"  puedan hacerlo, vulnera derechos fundamentales  reconocidos en la historia constitucional del Ecuador desde hace ya varias décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace algunos años una Opinión Consultiva afirmando que la colegiatura obligatoria es una medida "en contra de los derechos humanos".

Más aún, cuando en el mundo globalizado por la red de Internet, cualquier persona puede opinar, analizar, informar  y compartir los temas que considere importantes en forma totalmente libre y sin restricciones.

Las libertades, entre ellas las de expresión del pensamiento, e información, son derechos inalienables del ser humano. No son concesiones de los gobiernos. A estos no les corresponde sino garantizar su libre ejercicio. Es la sociedad la que otorga credibilidad a un medio, adquiriendo o no los ejemplares del diario en que confía o sintonizando o no la emisora o canal que considera creíbles y serios.

La AEDEP aspira a una nueva etapa en que la que terminen los ataques del señor Presidente de la República, y la permanente utilización de los medios en busca de la confrontación con diversos sectores, actitud que si bien pueden dar réditos electorales, impide gobernar para el bien de todos, en un ambiente de paz y optimismo que incentive el desarrollo económico y social.

Demandamos la urgente creación de ese ambiente que sustente una relación madura entre el gobierno y los actores sociales en defensa de la democracia. La independencia de los distintos poderes es el sustento primordial para que en un marco de transparencia se puedan realmente combatir las prácticas corruptas de toda la sociedad.

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos

      
Enero 15, 2008