COMUNICADOS



Mensaje de la AEDEP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa



LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) expresa su rechazo a posibles acciones en contra de la libertad de expresión que pudieran derivarse de la incautación de tres medios de comunicación televisivos, por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). El Gobierno Nacional tiene la obligación moral y legal de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, que podrían afectarse si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios. Por lo anterior, demanda:

1.Independientemente de los procesos legales que deberán continuar con transparencia y apego a la Ley, que se mantenga la total independencia en el manejo periodístico de los medios incautados, lo cual no es posible si el Gobierno nombra a la cabeza informativa, como ha sucedido.

2.Que el Gobierno, en apego a los valores morales y democráticos, se inhiba de utilizar los medios incautados para promover sus proyectos y programas, especialmente tomando en cuenta la coyuntura electoral que se avecina.

3.Que los organismos de defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos se unan para precautelar esas libertades, base de la democracia.
La AEDEP se mantendrá vigilante para que la libertad de expresión, elemento fundamental para el proceso electoral que se avecina, se mantenga y se refuerce como obligación de todos los ecuatorianos, especialmente de sus gobernantes. Coincidimos plenamente con las declaraciones gubernamentales, en el sentido de que el proceso de incautación dure el menor tiempo posible, y dichos medios de comunicación vuelvan a ser operados por personas independientes de todos los poderes.

Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos:

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Julio, 10 de 2008


Informe ante la Reunión de Medio Año
Caracas, Venezuela
28 al 30 de marzo del 2008

Las amenazas y agresiones del gobierno contra la libertad de expresión bajaron considerablemente de tono en las últimas semanas. El presidente Rafael Correa agradeció en público a los medios de comunicación por su papel durante el conflicto diplomático con Colombia.

El hecho más grave fue la amenaza del Estado contra Ecuavisa por la difusión del audio grabado de conversaciones entre oficiales de la Marina que revelaron ciertos aspectos desconocidos de la crisis interna que enfrentó esa rama de las Fuerzas Armadas recientemente. Los representantes de Ecuavisa comparecieron el 5 de marzo ante el Conartel para dar su versión de los hechos, pero éste todavía no se pronuncia.

El énfasis en materia de libertad de prensa por ahora está puesto en lo que decidirá la Asamblea Constituyente. Aunque en el debate se ha insistido en la intervención del Estado, aún no hay propuestas concretas.

Está por cumplirse un año desde que el presidente Rafael Correa presentó la denuncia contra La Hora por desacato. El diario quiteño ha entregado en estos meses una serie de pruebas de descargo, pero el fiscal, que debe decidir si inicia la instrucción acusatoria o archiva el proceso, aun no se pronunció. El plazo para que lo haga se cumple el 10 de mayo próximo.

Mientras tanto, el Gobierno ha continuado con su plan de crear su propio sistema de medios. El canal estatal TV Ecuador inició sus transmisiones en diciembre pasado de manera muy irregular. Asimismo, se rediseñó y relanzó el diario El Telégrafo a mediado s de marzo en formato berlinés, con una agresiva presencia de publicidad oficial. Se han hecho anuncios también de que la antigua Radio Nacional y Radio El Telégrafo (que pasó a manos del Estado junto con el diario del mismo nombre) volverán a salir al aire muy pronto.

Otros hechos relevantes de este periodo son:

El 13 de octubre, el Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la obligatoriedad de la agremiación o colegiatura que se exige a varios sectores, entre ellos, el periodístico. El 12 de marzo, el Tribunal emitió la resolución Nº 38-2008 que declara inconstitucional por razones de fondo dicha obligatoriedad. La sentencia cita la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había interpuesto la SIP a través del gobierno de Costa Rica en 1985. Sin embargo, la resolución aún no se encuentra vigente y no está publicada en el Registro Oficial, por cuanto se ha solicitado una aclaración y ampliación.

El 26 de octubre, en Balzar, provincia del Guayas, un equipo de reporteros de Teleamazonas es atacado por una veintena de personas lideradas por un funcionario del Municipio de la localidad mientras informaban sobre la adquisición de una ambulancia con un supuesto sobreprecio. Más tarde, el canal local, Visión TV, es apedreado luego de informar la agresión de que eran víctimas los reporteros de Teleamazonas.

El 29 de octubre, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) cuestiona la transmisión de marchas a favor de la provincialización de la península de Santa Elena por las emisoras La Voz de la Península, Ritmo y Panorama, y el canal Brisa TV en las que supuestamente se habría incitado a la violencia.

El 7 de noviembre el presidente Correa anunció una demanda de inconstitucionalidad en la conformación del directorio de dicho organismo, cuestionando la presencia en el mismo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la Asociación Ecuatoriana de Canales de TV (AECTV), que las convertiría en juez y parte. Un mes más tarde el Conartel cambió de postura e inició el proceso de reversión, primero con las repetidoras de radio Morena en las provincias de Manabí y Santa Elena, y luego ampliando la decisión en febrero a otras 42 frecuencias. Un informe de Contraloría, poco antes, supuestamente confirmó la denuncia de actos ilícitos.

El 29 de diciembre, quince emisoras de Guayaquil, Machala y Portoviejo son investigadas por el Conartel, por la cobertura que dieron a la marcha que lideró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hacia Montecristi el 27 de diciembre y que fue impedida de avanzar por la fuerza pública en el sector de La Cadena a 70 kilómetros de Guayaquil.

La AER, núcleo del Guayas, envió una carta a dicho organismo expresando su desconcierto por el pedido, argumentando que“no quisiéramos pensar que se trata de un acto de represión o amedrentamiento”. El gremio sugirió a las emisoras enviar el material solicitado, “aunque no existe obligación jurídica”, por respeto a la ciudadanía. Las grabaciones fueron entregadas el 3 de enero.El Conartel concluyó el tema exhortando a Radio Sucre y Radio Caravana a no usar “epítetos, insultos o vocabulario inadecuado”.

El 5 de enero, el presidente Correa hace pública la información del Servicio de Rentas Interna de varios medios de comunicación de televisión y de prensa escrita de los últimos años relacionando las ventas con el impuesto a la renta pagado sin dar a conocer los costos.El presidente concluyó: "Para que vean a quiénes nos estamos enfrentando y de quiénes recibimos las noticias", a propósito de que en el país se debatía el proyecto de ley tributaria presentada por el ejecutivo a la Asamblea.

El 31 de enero, en el marco de la Asamblea Constituyente, la asambleísta, Pilar Núñez, impulsa un proyecto para que se declaren las frecuencias de radio y televisión como patrimonio nacional y social, lo que al menos implicaría la reversión de todas las frecuencias asignadas.

El 7 de febrero, el Conartel evalúa la transmisión de radio La Luna, propiedad del asambleísta Paco Velasco, del movimiento PAIS, en la que supuestamente profirió insultos contra el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo.

El mismo día, periodistas de Diario Súper son agredidos por miembros de la Policía Nacional, en las oficinas del Banco Nacional de Fomento de Milagro, cuando los reporteros buscaban información de los perjudicados en la distribución de la urea y de la mala atención que reciben en esa institución. Dos uniformados de la Policía Nacional trataron de impedir que se realice la labor periodística.

El 11 de febrero, Jorge Yunda, presidente del Conartel, es cuestionado por la adjudicación de una frecuencia –cuando todavía era parte del Gobierno- que la devolvió el 19 de diciembre del año pasado, según él, por ética personal.




EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, lamenta que la relación del Gobierno con la prensa durante este primer año, haya estado determinada por una constante confrontación por parte del poder.

El Presidente de la República ha afirmado que los periodistas son actores políticos. Declaramos formalmente que ni lo somos ni aspiramos a serlo.

Por supuesto, no es papel de los medios halagar al gobierno de turno. El periodismo profesional debe guardar siempre una distancia crítica que permita denunciar y vigilar, expresar puntos de vista divergentes, analizar, opinar de manera argumentada, sin que ello signifique sustituir a otras instancias sociales o políticas.

A los medios de comunicación no les compete asumir el espacio de los partidos o grupos sociales, como ha sucedido en otros países con lamentables efectos tanto para los propios medios, como para la sociedad toda.

El Gobierno ha utilizado la distorsionada generalización de que los medios responden a  intereses de grupos de poder, por el simple hecho de que algunos periodistas no coinciden con sus visiones sobre el manejo del Estado. Así como, en un momento dado, se lanzaron amenazas sobre la concesión de frecuencias para la radio y la televisión, en las últimas semanas, y a propósito del apresurado trámite de las reformas tributarias, el propio Presidente de la República ha intentado ligar el presunto incumplimiento de las obligaciones de algunas empresas con una supuesta falta de calidad moral para cumplir el papel de informar, educar y entretener.

Si el régimen considera que alguna empresa o medio de información no ha pagado los impuestos que debe, a través del Servicio de Rentas Internas, posee todos los instrumentos para obligar al incumplido a cancelar sus obligaciones de acuerdo con la ley. Y toda empresa en el Ecuador tiene el mismo derecho que el Presidente, para exigir que no se utilice información falsa para distorsionar una realidad o una discusión.

En estos días, se agrega la tentación de manipular intereses gremiales relacionados con la ya obsoleta colegiatura obligatoria periodística como un arma para afectar a  medios que no gozan de la simpatía gubernamental.

Restringir, mediante una ley, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a buscar información y transmitirla libremente, permitiendo que únicamente los "periodistas agremiados"  puedan hacerlo, vulnera derechos fundamentales  reconocidos en la historia constitucional del Ecuador desde hace ya varias décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace algunos años una Opinión Consultiva afirmando que la colegiatura obligatoria es una medida "en contra de los derechos humanos".

Más aún, cuando en el mundo globalizado por la red de Internet, cualquier persona puede opinar, analizar, informar  y compartir los temas que considere importantes en forma totalmente libre y sin restricciones.

Las libertades, entre ellas las de expresión del pensamiento, e información, son derechos inalienables del ser humano. No son concesiones de los gobiernos. A estos no les corresponde sino garantizar su libre ejercicio. Es la sociedad la que otorga credibilidad a un medio, adquiriendo o no los ejemplares del diario en que confía o sintonizando o no la emisora o canal que considera creíbles y serios.

La AEDEP aspira a una nueva etapa en que la que terminen los ataques del señor Presidente de la República, y la permanente utilización de los medios en busca de la confrontación con diversos sectores, actitud que si bien pueden dar réditos electorales, impide gobernar para el bien de todos, en un ambiente de paz y optimismo que incentive el desarrollo económico y social.

Demandamos la urgente creación de ese ambiente que sustente una relación madura entre el gobierno y los actores sociales en defensa de la democracia. La independencia de los distintos poderes es el sustento primordial para que en un marco de transparencia se puedan realmente combatir las prácticas corruptas de toda la sociedad.

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos

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Enero 15, 2008


 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Los Directores miembros de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, se reunieron el día jueves, 22 de noviembre, en el cantón Cotacachi con el objetivo de llevar a cabo la Asamblea General extraordinaria del año 2007.

El anfitrión de esta Asamblea fue Diario el Norte.

En las elecciones realizadas, se eligieron los miembros del Directorio, el cual quedó conformado por:

SRA. GUADALUPE MANTILLA DE AQUAVIVA
DIARIO EL COMERCIO

SR. CARLOS PÉREZ BARRIGA
DIARIO EL UNIVERSO

DR. GALO MARTÍNEZ LEISKER
DIARIO EXPRESO

DR. NICANOR MERCHÁN LUCO
DIARIO EL MERCURIO

SR. JAIME MANTILLA ANDERSON
DIARIO HOY

SR. PEDRO ZAMBRANO LAPENTTI
EL DIARIO DE MANABÍ

SR. XAVIER ALVARADO
REVISTA VISTAZO

El Directorio eligió al señor Jaime Mantilla Anderson, como Presidente de la Asociación y al señor Pedro Zambrano Lapentti como Presidente alterno

Noviembre 2007


Ingeniero Borys Mejía Aguirre es el nuevo  Director General de Diario El Norte

Diario El Norte, miembro activo de la Asociacion Ecuatoriana de Editores de Periódicos, cuenta con un nuevo Director General, el Ingeniero Borys Mejía Aguirre.

En su primer día como Director, el Ingeniero Mejía dio a conocer que el periodista Patricio Pérez Ramírez será el Subdirector de Opinión e Investigación y el periodista Ricardo Tello el Subdirector de Información.

Quito, Septiembre de 2007


AEDEP ORGANIZÓ EL SEMINARIO
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD POLÍTICO ELECTORAL

La Asociacion Ecuatoriana de Editores de Periódicos organizó el seminario "Diagnóstico de la Realidad Político Electoral" dictado por el experto político Jaime Duran Barba el día de ayer 22 de Agosto de 2007 en las Instalaciones del Club Atheneum de la Ciudad de Quito.

El seminario contó con la presencia de los Editores Políticos de los medios de comunicación que son miembros de la AEDEP, con lo cual en un lapso de 3 horas se pudieron intercambiar distintos conceptos políticos muy importantes concernientes al momento actual que atraviesa el Ecuador.

Quito, Agosto de 2007




AL PAÍS

El Presidente de la República hizo una denuncia penal contra el Director del Diario La Hora, Dr. Francisco Vivanco Riofrío, por un editorial que, según el Primer Mandatario, lo injurió. El Presidente no acusa al referido Director de haber injuriado a Rafael Correa Delgado, sino de haber atentado contra la Administración Pública a través de la injuria. Se sustenta en una disposición legal (art. 230 del Código Penal) que ningún político contemporáneo ha empleado hasta ahora como instrumento para intentar atemorizar a la prensa.

El efecto inmediato es recurrir a la vindicta pública (fiscalía), y todas las herramientas a su alcance, como la prisión preventiva, para perseguir a periodistas por criticar las ejecutorias del Gobierno, en momentos en que el orden público estaba alterado, no por opinión de la prensa, sino por la acción de actores políticos en disputa del poder.

Voceros del Régimen reconocen que, durante su mandato, la crisis de las instituciones democráticas sigue. Consta en documentos fílmicos y fotográficos la violencia callejera. Recordemos entonces que el actual ofendido también pudo atentar contra la administración pública cuando criticó duramente a ex presidentes, diputados, autoridades seccionales y magistrados de Justicia. Si esos argumentos se imponen, de ahora en adelante, criticar será delinquir y denunciar los atropellos y abusos de funcionarios públicos contra la población, o actos de corrupción de la Justicia, será la antesala de la cárcel o del destierro.

La AEDEP se solidariza con Diario La Hora, de manera especial con su Director, Francisco Vivanco y demanda de la Fiscalía y de la administración de Justicia el respeto a la garantía constitucional del debido proceso y una estricta investigación del delito denunciado respecto de sucesos que se produjeron en los primeros días de marzo, cuando se volvió indispensable para la prensa informar y opinar, sin ceder a posibles presiones de quienes circunstancialmente hoy pudieren ejercer el poder. La AEDEP defenderá la vigencia de la libertad de expresión, porque de ello depende la subsistencia de una democracia plena en Ecuador.

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos

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13 de mayo de 2007


¡INTOLERABLE!

Con profunda preocupación el país asiste a un sistemático proceso de destrucción de sus instituciones y de manipulación del poder, de la Constitución y de la Ley. Todos los poderes públicos son responsables de esta situación. Ellos tienen una obligación fundamental con el país: construir un entorno político, jurídico y económico razonable, dotándole de seguridades elementales para que la población progrese.
Las rivalidades entre el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han creado tensiones graves que no contribuyen a superar la crisis. El Estado de Derecho -construcción irrenunciable de la civilización- está en entredicho, tanto por decisiones legislativas como la sustitución del Presidente del TSE-, como por la inconstitucional destitución de los diputados de oposición, con argumentos que revelan vocaciones autoritarias y contrarias al Derecho y a las libertades públicas. Se suma la conducta confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún, propiciar la división y el choque entre ecuatorianos.
El pragmatismo político tiene límites. Las estrategias electorales y el afán de dominar en la Asamblea Constituyente no justifican el sacrificio del destino nacional. Tanto la consulta como la posible asamblea no pueden reducirse a simples actos de voluntad política aupados por un grupo que no es todo el país. Esos actos deben ajustarse a las normas; a ello están obligados el Presidente, los partidos y movimientos, los congresistas y el TSE, personajes y entidades a las que nadie les confirió jamás poderes absolutos de tal amplitud que pongan en entredicho el Estado de Derecho.
La democracia sin tolerancia es una ficción electoral. La República es una burla si no se respeta a las minorías y sin el imperio de la Ley.
La democracia sucumbe entre interpretaciones interesadas, donde pretende imponerse la voluntad de cada grupo. Esto ha generado una sociedad cada vez más escéptica y frustrada por la política.
La mayoría de ecuatorianos votó por un cambio para superar la inestabilidad, la debilidad institucional, la inseguridad jurídica. Este es un dato político incuestionable. Pero es obligación de todos los poderes hacer el cambio de forma explícita y pública y con contenidos específicos. Es su obligación llenar la demanda ciudadana con valores democráticos y tomar decisiones que respeten el Estado de Derecho. El cambio no puede ser un argumento político para descalificar al opositor, ni es cheque blanco para perpetuar los desajustes institucionales.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos demanda de los poderes públicos una inmediata rectificación de conductas lesivas al régimen democrático, en un marco de concertación nacional. Reclama actitudes que permitan superar la crisis, que aporten a la unidad nacional y a la seguridad legal y personal. Demanda la sujeción a la Ley y el fin de una cadena de hechos que muestra al mundo una imagen lamentable del Ecuador: un país donde la irresponsabilidad política permite que el Congreso sea rodeado por fuerzas policiales, donde las movilizaciones y el radicalismo marcan el destino nacional, y donde el potencial fraccionamiento territorial y humano configuran un escenario de dramática desesperanza.


Diario Correo

Diario El Comercio
Diario El Mercurio

Diario El Norte
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Diario El Universo
Diario Expreso
Diario Hoy
Diario La Hora
El Diario
Revista Diners

Marzo 09 del 2007