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ALEGATO AEDEP AGOSTO 2011 CASO UNIVERSO

SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS:

Guadalupe Mantilla de Acquaviva, en mi calidad de Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, dentro del proceso penal No. 525 - 2011, en ejercicio de mi derecho constitucional de petición y dada la preocupación que la organización que represento tiene por el inminente peligro que corre la libertad de expresión en el país, ante ustedes comparezco y digo:

I. DISPOSICIÓN DEROGATORIA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución de la República que fue aprobada mediante referéndum llevado a cabo el 28 de septiembre de 2008, contiene una Disposición Derogatoria expresa, con el siguiente texto:

Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución. (el subrayado y resaltado son míos)

En razón de lo indicado y del Art. 426 de la Constitución que establece que las normas constitucionales deben aplicarse de manera directa, es obligación de los órganos jurisdiccionales, en cada caso que conocen, analizar si la normativa preconstitucional que pretenden aplicar se encuentra o no vigente, lo cual dependerá de si su contenido se adecua materialmente a los preceptos de la Constitución.

La última Codificación del Código Penal se publicó en el suplemento No. 147 del Registro Oficial del 22 de enero de 1971 y de forma específica, el Art. 493 de dicho cuerpo legal no ha sido reformado sustancialmente desde esa fecha, salvo modificaciones realizadas al monto de las multas, por lo que el tipo penal se ha mantenido intacto desde hace ya varias décadas. Lo dicho nos lleva a afirmar que la norma es preconstitucional, es decir que fue concebida y promulgada con anterioridad a la Constitución vigente que fue publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

Para determinar la vigencia o no del Art. 493 del Código Penal, que es la disposición en la que se encuentra tipificada la infracción que el querellante alega haberse cometido, y que a su vez es la norma que prevé la pena que se impone a los querellados en la sentencia dictada el 20 de julio de 2011 a las 16h12 por el abogado Juan Paredes Fernández, Juez Temporal del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, es necesario realizar algunas consideraciones:

El Art. 493 del Código Penal establece que:

Serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa de seis a veinticinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa.

Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (el subrayado y resaltado son míos)

Como se puede apreciar, esta norma legal tipifica una conducta que consiste en injuriar a una autoridad, lo cual implica que el sujeto pasivo de la infracción necesariamente debe tener la calidad de “autoridad”, pues caso contrario el presunto infractor no adecuaría su conducta a este tipo penal que se lo conoce como “desacato”. Conforme lo demostraremos a lo largo de este escrito, es inconstitucional el que se tipifique penalmente el injuriar a una autoridad, y por lo tanto, al estar este tipo penal contenido en una norma preconstitucional, ésta se encuentra derogada y por ende no se podría sancionar a nadie aplicando dicha disposición que ya no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

 

  II. el bloque de constitucionalidad ECUATORIANO

El tratadista Germán Bidart Campos señala que “El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la Constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales”

La doctrina constitucional contemporánea que inspira nuestra Constitución, reconoce la existencia del denominado “Bloque de Constitucionalidad”, que es el conjunto de normas que a pesar de no estar previstas en la Constitución, por disposición expresa de ésta, cuentan con jerarquía constitucional y por ende deben ser consideradas al realizar el examen de constitucionalidad de las normas.

El Art. 11 numeral 3 y el Art. 426 de la Constitución vigente, claramente les otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual implica la incorporación de este tipo de normativa al Bloque de Constitucionalidad Ecuatoriano. Al respecto, es necesario tener presente que incluso frente a una eventual contradicción entre el texto Constitucional y los instrumentos de derechos internacionales, deberá aplicarse la norma que sea más favorable a la efectiva vigencia de éstos.

III. NORMAS QUE FORMAN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ECUATORIANO

Como ha quedado anotado, no existe duda de que las normas internacionales de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano y que por ende tienen jerarquía constitucional, por lo que resulta pertinente identificar a aquellas relacionadas con la libertad de expresión que necesariamente deben ser consideradas dentro de esta causa y que prevalecen sobre toda norma de orden legal, como lo es el Código Penal.

La Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento internacional que fue aprobado y ratificado por el Ecuador y publicado en el Registro Oficial No. 801 de 6 de agosto de 1984, por lo que su contenido es directamente aplicable de conformidad con lo que establece el Art. 426 de la Constitución e incluso puede prevalecer sobre ésta, en caso de que sus disposiciones sean más favorables en materia de derechos humanos. Es decir, que la Convención Americana y la normativa secundaria que se desarrolle a partir de ésta, forma parte del Bloque de Constitucionalidad Ecuatoriano, debiendo ustedes, señores jueces provinciales, considerar su contenido a la hora de realizar el examen de constitucionalidad del Art. 493 del Código Penal.

 

El Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que:

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a)  El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Este derecho es de tal trascendencia para la supervivencia del sistema democrático de una sociedad, que los países que componen la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconocieron la necesidad de establecer mecanismos de protección a la libertad de expresión y en el año 1997 la Comisión Interamericana de Derechos estableció la Relatoría para la Libertad de Expresión. Esta iniciativa fue unánimemente apoyada por los 34 Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Santiago de Chile en 1998, y ratificada en la Cumbre de Quebec, Canadá en el año 2001.

En el año 2000, la Relatoría para la Libertad de Expresión redactó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que fue aprobada y adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta declaración que contiene trece principios, enfatiza la importancia de la libertad de expresión como elemento esencial para la democracia. Para el caso que nos ocupa, resultan relevantes los principios 10 y 11 cuyo texto es el siguiente:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. (el resaltado y subrayado son míos)

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. (el resaltado y subrayado son míos)

De los principios anotados, no cabe duda que es contrario a la Convención, y por ende a nuestra Constitución, la penalización de la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, ya que se considera suficiente y proporcionada únicamente una sanción de índole civil.

Al respecto, la propia Relatoría en base a los pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos, ha realizado una interpretación en cuanto a su alcance y contenido:

Respecto del principio 10, ha señalado que,

 

42.   Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública. (el subrayado y resaltado son míos)


 

43. La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático….  (el subrayado y resaltado son míos)

45.   La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta….

En este sentido es necesario recalcar que estas normas imponen una ponderación constitucional que impide al juez realizar una valoración distinta en el caso concreto que conoce. En efecto, estas disposiciones implican que frente a un eventual conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de una autoridad, la sanción que resulta coherente con el régimen democrático y constitucional debe ser ajena al ámbito penal, por considerar que una sanción de esa naturaleza sería desproporcionada entre el derecho protegido (derecho al honor de una autoridad) y la restricción que implica una sanción de ese tipo al derecho a la libertad de expresión.

 

 

 

Por su parte, en cuanto al principio 11, la Relatoría lo interpreta en el sentido de que:

 

 

 

50.   … La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad…

 

 

 

Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. A este respecto, la Corte Europea afirmó que, si bien las penas posteriores de multa y revocación de un artículo publicado no impiden que el peticionante se exprese, "equivalen, no obstante, a una censura, que posiblemente lo disuada de formular críticas de ese tipo en el futuro". El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor… (el subrayado y resaltado es mío)

 

 

 

52.   En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se hace indispensable. La protección que otorgan a los funcionarios públicos las denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios. Estas leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas leyes en los países en que aún subsisten. Por su estructura y utilización, estas leyes representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse.

 

 

 

El derecho a la intimidad de una persona sometida a la exposición pública de forma voluntaria es indudablemente más restringido de quien ha optado por una vida sin esa exposición. Por ende quienes son personajes públicos no pueden pretender que se comprenda su derecho a la intimidad y al honor de la misma manera que quien no es una figura pública.

 

 

 

No se puede penalizar -tipificar como delito- la expresión ofensiva en contra de un funcionario público, ya que aquello atenta contra la libertad de expresión y opinión de las personas, quienes, precisamente por tratarse de un funcionario público, tienen el derecho de expresar su desacuerdo o desaprobación. (el resaltado y subrayado son míos)

 

 

 

Los delitos de desacato -siendo una especie de estos la penalización de la expresión ofensiva o injuria en contra de autoridad, conforme lo reconoce el propio sistema interamericano de derechos- constituyen un rezago de regímenes autoritarios, que debe desaparecer de los distintos ordenamientos jurídicos, ya que las autoridades y personajes públicos, que por decisiones de su propia voluntad quedan expuestos en mayor medida a la crítica y escrutinio social, sufren una limitación implícita de su derecho al honor y a la intimidad, que torna en desproporcionado e inconstitucional cualquier intento por criminalizar las expresiones ofensivas que se les profieran.

 

 

 

La inconstitucionalidad de este tipo de delitos se debe además a que contrarían el Art. 18 numeral 1 de la Constitución, en cuanto constituyen un mecanismo de censura previa indirecta, puesto que si se penalizan estas conductas, es decir, se las incluye en el catálogo de las infracciones más graves dentro de una sociedad, se provoca un temor generalizado de emitir una crítica u opinión contraria a la autoridad, lo que se traduce en una censura previa proscrita por nuestro régimen constitucional.

 

 

 

Al respecto, es importante señores Jueces que ustedes adviertan que el Ecuador ha cumplido estas obligaciones impuestas por el Derecho Internacional, al incluir en nuestra Constitución una disposición derogatoria de toda la normativa preconstitucional contraria al contenido de nuestra actual Carta Magna, con lo cual han sido derogados todos los delitos de desacato, incluido el tipificado en el Art. 493 del Código Penal.

 

 

 

 

 

IV. PRECEDENTE RELEVANTE DE LA CORTE INTERAMERICANA

 

 

 

Señores Jueces Provinciales, es necesario advertir que en caso de que se acepte la querella planteada por el economista Rafael Correa Delgado, sustentada en el Art. 493 del Código Penal, esto acarreará responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano. Lo dicho no constituye una especulación que responde a algún tipo de conveniencia, sino que se sustenta en fallos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ocurre en el caso Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica, en el cual la Corte a propósito del juzgamiento penal a un periodista por un artículo publicado en el Diario “La Nación”, condenó al Estado de Costa Rica.

 

 

 

Según la propia sentencia dictada por la Corte Interamericana, el 2 de julio de 2004, los hechos del caso fueron los siguientes:

 

 

 

3. Los hechos expuestos por la Comisión se refieren a las supuestas violaciones cometidas por el Estado, al haber emitido el 12 de noviembre de 1999 una sentencia penal condenatoria, como consecuencia de que los días 19, 20 y 21 de mayo y 13 de diciembre, todos de 1995, se publicaron en el periódico “La Nación” diversos artículos escritos por el periodista Mauricio Herrera Ulloa, cuyo contenido supuestamente consistía en una reproducción parcial de reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al diplomático Félix Przedborski, representante ad honorem de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria, la comisión de hechos ilícitos graves. La referida sentencia de 12 de noviembre de 1999 fue emitida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, y en ésta se declaró al señor Mauricio Herrera Ulloa autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, por lo que se le impuso una pena consistente en una multa y además se le ordenó que publicara el “Por Tanto” de la sentencia en el periódico “La Nación”. Además, la comentada sentencia declaró con lugar la acción civil resarcitoria y, por ende, se condenó al señor Mauricio Herrera Ulloa y al periódico “La Nación”, en carácter de responsables civiles solidarios, al pago de una indemnización por concepto de daño moral causado por las mencionadas publicaciones en el periódico “La Nación” y, a su vez, al pago de costas procesales y personales. Igualmente, en dicha sentencia se ordenó al periódico “La Nación” que retirara el “enlace” existente en La Nación Digital, que se encontraba en internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, y que estableciera una “liga” en La Nación Digital, entre los artículos querellados y la parte resolutiva de la sentencia. Finalmente, la Comisión alegó que, como efecto derivado de tal sentencia, el ordenamiento jurídico costarricense exige que se anote la sentencia condenatoria dictada contra el señor Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes. Aunado a lo anterior, la Comisión indicó que el 3 de abril de 2001 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José emitió una resolución, mediante la cual intimó al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del periódico “La Nación”, a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 12 de noviembre de 1999, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial.

 

 

 

Como se evidencia, la similitud de los hechos de este caso con los que son objeto de juzgamiento en este proceso penal es asombrosa, por lo que resulta altamente relevante tener presente lo que resolvió la Corte al respecto. Sin embargo, es también importante tener presente que la sanción impuesta al periodista es bastante menos gravosa que la que se pretende imponer a los querellados en el presente caso, por lo que las consecuencias para el Estado ecuatoriano pudieran ser incluso peores, ya que la Corte Interamericana manifestó en su sentencia, lo siguiente:

 

 

 

101.2) Respecto de la alegada violación del artículo 13 por la sentencia penal y por la declaración del señor Mauricio Herrera Ulloa como autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, la Comisión señaló que:

 

a) Costa Rica, al imponer sanciones penales al señor Mauricio Herrera Ulloa para proteger la honra y reputación del señor Przedborski, cónsul honorario de dicho Estado, provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, acallando la emisión de información sobre asuntos de interés público que involucran a funcionarios públicos. No obedece a la protección de la reputación y de la honra reconocidos en el artículo 11 de la Convención;

 

 

 

b) las disposiciones penales sobre difamación, calumnias e injurias tienen por objeto un fin legítimo en Costa Rica, pero cuando se sancionan penalmente las conductas que involucran expresiones sobre cuestiones de interés público, se está ante la vulneración del artículo 13 de la Convención, pues no existe interés social imperativo que justifique la sanción penal. La aplicación de las leyes de privacidad dentro del derecho interno debe ajustarse a los estándares internacionales que exigen un adecuado balance entre la protección de la privacidad y la honra y el resguardo de la libertad de expresión;

 

c) el Estado debe abstenerse de censurar la información respecto de actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, dado que éstos deben demostrar mayor tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección de la privacidad y la reputación diferente que la que se otorga a un particular;

 

(…) j) el proceso y la sanción penal aplicados como supuesta responsabilidad ulterior a Mauricio Herrera no fueron proporcionados a ningún interés legítimo del Estado, y no justificaba la utilización del mecanismo de restricción más poderoso del Estado, esto es, el proceso y la sanción penal, máxime cuando existían otros mecanismos para ese efecto;

 

101.4) Respecto de la sanción civil resarcitoria impuesta tanto al periodista Mauricio Herrera Ulloa como al periódico “La Nación”, representado por el señor Vargas Rohrmoser, la Comisión alegó que:

 

 

 

(…) c) las acciones judiciales por difamación, calumnias e injurias, interpuestas por funcionarios públicos o personas privadas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público, no deben tramitarse en  la vía penal sino en la civil, aplicando el estándar de la real malicia, el cual revierte la carga de la prueba, de manera que el deber de demostrar que el comunicador tuvo intención de infligir daño o actuó con pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas recae en el supuesto afectado;

 

135. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa, dado que la restricción al ejercicio de este derecho sufrida por el mencionado periodista excede el marco contenido en dicho artículo.

 

191. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte ha encontrado que, con ocasión de los hechos de este caso, el Estado violó los artículos 13 y 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y el artículo 8.2. h. de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa….

 

195. La Corte ha determinado que la sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José que condenó penalmente al señor Mauricio Herrera Ulloa, conllevó una violación a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (supra párrs. 130, 131, 132, 133 y 135), por lo cual el Estado debe dejar sin efecto dicha sentencia en todos sus extremos, incluyendo los alcances que ésta tiene respecto de terceros.(…)

 

 

 

200. En lo que respecta a las demás pretensiones  de la Comisión (supra párr. 188 g.3 y g.4) y de los representantes (supra párr. 189. h), la Corte estima que la presente Sentencia constituye per se una forma de reparación para la víctima. Sin embargo, el Tribunal considera que los hechos ocurridos en el presente caso causaron sufrimientos al señor Mauricio Herrera Ulloa, debido a la existencia de una condena penal en su contra, la cual ya la Corte ha declarado violatoria del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Por estas razones, la Corte estima que el daño inmaterial debe además ser reparado, mediante una indemnización compensatoria, conforme a equidad.  En consecuencia, el Tribunal determina que el Estado debe pagar al señor Mauricio Herrera Ulloa, por concepto de reparación del daño inmaterial, la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda costarricense… (el subrayado y resaltado son míos)

 

 

 

Como se evidencia en los párrafos que se han transcrito de la sentencia, la Corte condenó al Estado de Costa Rica por haber sancionado penalmente a un periodista por la publicación de un artículo y civilmente al Diario “La Nación”. La Corte anula esa sentencia y ordena el pago de una compensación económica al periodista por los sufrimientos padecidos al haber tenido que someterse a un procesamiento penal.

 

Señores Jueces, miremos en esta sentencia un reflejo de lo que le puede suceder al Ecuador si se continúa con este proceso y evitemos incurrir en hechos que más tarde generen responsabilidad al Estado ecuatoriano, que a más del desprestigio internacional impliquen el pago de millonarias indemnizaciones.

 

 

 

V. IMPLICACIONES JURÍDICAS QUE PARA ESTE CASO TIENE EL QUE EL ART. 493 DEL CÓDIGO PENAL HAYA SIDO DEROGADO POR LA CONSTITUCIÓN DE 2008

 

 

 

Es de sobra conocido el principio de derecho penal “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege”, el cual se traduce en que no puede existir un delito ni una pena sin una norma que previamente lo tipifique como tal. Este principio se encuentra incluso recogido en nuestra Constitución en los Art. 76 numeral 3 y Art.132 numeral 2 y en nuestro Código Penal en el Art. 2.

 

 

 

En el caso particular que nos ocupa, el día de la publicación del artículo titulado “NO A LAS MENTIRAS”, esto es, el 6 de febrero de 2011, se encontraba vigente la Constitución de la República y en virtud de la Disposición Derogatoria anotada en el acápite I de este escrito, el Art. 493 del Código Penal había sido excluido de nuestro ordenamiento jurídico y por ende no se le puede sancionar a una persona por un acto que al momento de cometerse no se encontraba tipificado por una norma de rango legal como delito.

 

 

 

Por lo tanto, la querella presentada por el economista Rafael Vicente Correa Delgado y la sentencia dictada el 20 de julio de 2011 a las 16h12 por el abogado Juan Paredes Fernández, Juez Temporal del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, se sustentan en una norma derogada por disposición constitucional, que no podía ni puede servir para sustentar un proceso penal, por lo que solicito en ejercicio de mi derecho de petición consagrado en el Art. 66 numeral 23 de la Constitución, que la misma sea desechada, lo cual evitará además, que al Estado ecuatoriano se le genere responsabilidad de índole internacional.

 

 

 

De forma subsidiaria, al amparo de lo que establece el Art. 428 de la Constitución, en el supuesto no admitido de que ustedes tengan alguna duda respecto de que el Art. 493 del Código Penal no sea contrario a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad Ecuatoriano, solicito se suspenda la tramitación de la causa y se remita en consulta a la Corte Constitucional con el propósito de que dicho organismo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma.

 

 

 

Notificaciones que me correspondan a propósito del presente pedido las recibiré en el casillero judicial No. 824 del Palacio de Justicia del Guayas.

 

 

 

Autorizo a los abogados Juan Francisco Guerrero del Pozo, Felipe Durini Andrade y Emilio Suárez Salazar, a fin de que, individual o conjuntamente, suscriban cuanto escrito o petición consideren necesarios a nombre de mi representada dentro del presente proceso.

 

 

 

Firmo conjuntamente con uno de mis abogados.

 

 

 

 

Guadalupe Mantilla de Acquaviva

 

PRESIDENTA

 

AEDEP

 

 

 

 

Juan Francisco Guerrero del Pozo

 

MAT. 8672 CAP

 

 

 

 

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